A Mexican Post

En un giro radical para la regulación de las redes sociales, Australia ha aprobado una ley histórica que prohíbe el uso de plataformas como Instagram, TikTok, Snapchat y Facebook para menores de 16 años. Esta decisión, que entrará en vigor en 2025, coloca al país en la vanguardia mundial en cuanto a la protección de los menores frente a los riesgos del entorno digital; sin embargo, la ley también ha generado controversia, dividiendo a la opinión pública entre quienes la apoyan por su enfoque en la seguridad y aquellos que la consideran una amenaza para los derechos de los jóvenes.

La legislación que cambia las reglas del juego

El proyecto de ley, conocido como el Social Media Minimum Age Bill, establece que a partir de finales de 2025, los usuarios de redes sociales en Australia deberán tener al menos 16 años. En caso de incumplimiento, las empresas tecnológicas enfrentan multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos -alrededor de 32 millones de dólares estadounidenses, es decir, casi 700 millones de pesos-.

El objetivo de la ley es garantizar que las plataformas como Meta -dueña de Facebook e Instagram-, X -anteriormente Twitter-, TikTok y Snapchat no permitan que los menores de edad creen cuentas, accedan a contenido o interactúen en estos espacios sin supervisión.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, ha declarado que la legislación envía un claro mensaje a los padres: «Ahora las plataformas tienen la responsabilidad social de garantizar que la seguridad de nuestros niños sea una prioridad».

Esta medida se da en el contexto de un creciente reconocimiento global de los peligros que las redes sociales suponen para la salud mental y el bienestar de los menores, desde el acoso cibernético hasta el fomento de trastornos alimentarios y de imagen corporal.

El debate: ¿un exceso de control o una medida necesaria?

Si bien un 77% de los australianos respalda la ley, la medida ha generado una fuerte oposición tanto dentro del país como internacionalmente. Algunos expertos en derechos digitales y grupos de derechos humanos han expresado su preocupación por el impacto que esta prohibición podría tener en los derechos de las y los jóvenes. La Comisión de Derechos Humanos de Australia advirtió que la ley podría interferir en los derechos de los menores a participar plenamente en la sociedad digital, y temen que esto pueda llevar a un aumento de la vigilancia estatal y la recolección de datos personales.

En contraste, defensores de la ley, como Ali Halkic, un activista contra el acoso cibernético, argumentan que es una medida necesaria para proteger a los menores de los peligros inherentes a las redes sociales. «Es un punto de partida para devolver el control a los padres», dijo Halkic, recordando el trágico caso de su hijo, quien se suicidó tras ser víctima de bullying en línea.

Además, algunos grupos proponen que esta regulación podría ayudar a prevenir la creciente crisis de salud mental entre los jóvenes, una problemática que ha sido amplificada por las redes sociales. El cirujano general de EE.UU., Vivek Murthy, afirmó que las plataformas digitales están «empeorando una crisis de salud mental juvenil», lo que ha impulsado la discusión sobre la necesidad de limitar su acceso.

Preocupaciones de las grandes tecnológicas

A pesar de las preocupaciones ciudadanas sobre la participación del Estado respecto al uso y aprovechamiento de los recursos tecnológicos, así como de los datos que gustosamente le entregamos de manera gratuita a las empresas tecnológicas, la nueva ley se ocupa precisamente de que sean ellos, los proveedores, quienes deban hacerse cargo de la implementación de la norma.

Ante esto, las reacciones de las empresas tecnológicas no se han hecho esperar. Meta ha manifestado su preocupación por la rapidez con la que se aprobó la ley, indicando que el proceso legislativo fue apresurado y no tomó en cuenta adecuadamente las pruebas o los métodos ya implementados por las plataformas para crear experiencias más seguras para los usuarios jóvenes. «Nos preocupa que no se haya considerado suficientemente el impacto de esta ley en los jóvenes y las familias», dijo un portavoz de Meta.

Snap, por su parte, ha señalado que todavía hay muchas preguntas sin responder sobre cómo se implementará la ley en la práctica. La falta de claridad en los detalles de la implementación genera incertidumbre tanto en los usuarios como en las plataformas. La empresa ha propuesto alternativas como la verificación de edad a nivel de dispositivo, que podría simplificar el proceso y garantizar una mayor seguridad sin invadir la privacidad.

¿Qué hay de México? ¿Es posible una regulación similar?

Ante esta nueva realidad en Australia, surge la pregunta: ¿debería México adoptar una legislación similar para proteger a las y los jóvenes de los peligros del ciberespacio? En el país, los problemas relacionados con las redes sociales, como el acoso cibernético, la exposición a contenido inapropiado y los efectos negativos sobre la salud mental de los jóvenes, también son una preocupación creciente.

El panorama digital mexicano presenta desafíos similares a los de Australia, con una alta penetración de plataformas como Facebook, Instagram, TikTok y X entre adolescentes. Un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia -UNICEF- de 2022 destacó que el 73% de las niñas, niños y adolescentes en México tienen acceso a internet, y gran parte de ellos se conecta a redes sociales. Sin embargo, la regulación en México respecto al acceso de menores de edad a estas plataformas es casi inexistente.

Propuestas para México

1. Establecer límites de edad claros: siguiendo el ejemplo de Australia, México podría legislar sobre la edad mínima para el uso de redes sociales, con un sistema de verificación más estricto. Las plataformas deberían ser responsables de garantizar que los usuarios menores de 16 años no tengan acceso sin consentimiento parental. Esta medida no solo protegería a los niños de contenido nocivo, sino que también responsabilizaría a las empresas de garantizar un entorno más seguro.
2. Crear un sistema de verificación de edad eficaz: para evitar que los menores burlen el sistema, México podría trabajar en la implementación de métodos de verificación más robustos, como la verificación mediante dispositivos que podrían estar mejor controlados por los padres.
3. Educación digital y apoyo psicológico: además de la legislación, México debería invertir en la educación digital de los jóvenes, enseñándoles a navegar de manera responsable y segura en internet. Asimismo, los programas de apoyo psicológico y emocional en las escuelas serían fundamentales para ayudar a los jóvenes a lidiar con los efectos negativos del ciberespacio.
4. Colaboración internacional: dado que las plataformas tecnológicas tienen alcance global, México debería colaborar con otros países en la creación de normativas internacionales que obliguen a las grandes tecnológicas a cumplir con estándares de seguridad y protección para menores.

Más internet, menos redes sociales: en México, como en muchos otros países, se tiene la falsa noción de que internet son sólo las redes sociales, así, poco a poco nos hemos convertido en replicadores -ni siquiera creadores- de tendencias, lejos están las y los jóvenes mexicanos de crear hitos en innovación tecnológica.

Una estrategia sólida y que beneficie a la juventud y al país al mediano y largo plazo, está mediada por garantizar a las juventudes el acceso a los recursos tecnológicos, pero también la capacitación para que puedan hacer un uso eficiente, lo que precisa no sólo de cambios en materia legislativa, sino de política pública en materias tan sensibles para el país como son educación, trabajo, ciencia y tecnología.

La reciente legislación australiana marca un hito en la lucha por la protección de los menores en el entorno digital. Si bien la medida ha generado tanto apoyo como oposición, lo cierto es que pone de relieve la necesidad urgente de una regulación global para proteger a los jóvenes de los peligros de las redes sociales.

México, ante un panorama similar, podría seguir el ejemplo australiano, adaptando las leyes a su propio contexto para garantizar un futuro digital más seguro para las próximas generaciones.