A Mexican Post

De acuerdo con el estudio “Las policías en México: radiografía de un retraso crónico (2018-2024)” de la organización “Causa en Común”, al menos 2,247 policías, de las distintas corporaciones, han sido asesinados en todo el territorio nacional entre el 1 de diciembre del 2018 y el 1 de agosto de 2024.

Policías abatidos

Guanajuato es la entidad en la que más policías son asesinados, con un total de 360 elementos caídos; en segundo lugar se encuentra el Estado de México, donde han sido asesinados 167 policías de distintas corporaciones, lugar que comparte con el estado de Guerrero. Apenas con un policía menos, es decir, con 166 elementos caídos, Zacatecas se ubica en el cuarto lugar.

Del recuento general del país se destaca que el 54.9% de los policías abatidos son municipales, el 39% estatales y el 6.1% federales.

La policía se moviliza

De acuerdo con Causa en Común, durante el periodo investigado, los elementos policiales han realizado paros (Guanajuato 10, Estado de México 16 y Guerrero 11) y manifestaciones (Guanajuato 4, Estado de México 8 y Guerrero 16).

Las distintas movilizaciones fueron organizadas para denunciar las condiciones inseguras de trabajo, así como con el objetivo de dignificar sus salarios o denunciar la falta de pago de bonos y prestaciones, y exigir la escasez de vehículos y equipamiento, asuntos que, como cada proceso electoral, fueron centrales en las discusiones electorales de las tres entidades, especialmente a nivel local, pues técnicamente todos los aspirantes a espacios de elección popular prometieron más policías, con mejores salarios y equipos.

Del informe se desprende que la mayoría de las movilizaciones policiales se llevaron a cabo durante el año 2022.

¿Cómo se puede atender la situación?

Causa en Común propone 14 puntos mínimos, la mayoría de ellos centrados en combatir las causas originarias de la precarización generalizada de los cuerpos policiales:

1. Cumplir, tanto el SESNSP como el CNSP, con las responsabilidades de diseño y seguimiento de políticas nacionales homologadas para el desarrollo de policías, fiscalías y penales a la altura de los requerimientos del país.
2. El SESNSP debería establecer parámetros de cumplimiento de los acuerdos del CNSP que sean pertinentes, viables y medibles, y establecer los actores responsables del mismo en los ámbitos federal, estatal o municipal.
3. Crear un organismo nacional constitucionalmente autónomo, a cargo del desarrollo policial (incluyendo selección, reclutamiento, sistema de carrera, régimen disciplinario, esquemas salariales y prestaciones) con mecanismos transparentes de financiamiento y calendarizaciones que trasciendan en periodos políticos y electorales.
4. Promover la capacitación, actualización y especialización de los miembros de las instituciones policiales, conforme al Programa Rector de Profesionalización.
5. Homologar las condiciones laborales de las corporaciones municipales y estatales sobre la base del derecho constitucional a un trabajo digno.
6. Impulsar una reforma constitucional a fin de que los policías puedan recibir denuncias y atender casos de investigación.
7. Fortalecer las oficinas de Asuntos Internos y promover mecanismos de supervisión externa.
8. Realizar un censo nacional de policías para definir el estado de fuerza que requiere cada entidad acorde a su geografía y problemática delictiva.
9. Impulsar una policía federal civil con adscripción a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
10. Impulsar mecanismos transparentes y multianuales de financiamiento, que incluyan incrementos al FASP y la recuperación de fondos de apoyo a municipios.
11. Impulsar cambios a legislaciones locales para que un porcentaje del impuesto predial sea destinado a seguridad
12. Acotar y reorientar el presupuesto de las FFAA hacia el cumplimiento de sus tareas primordiales de modernización y defensa nacional, y con funciones propias de una fuerza armada en democracia.
13. En los casos en que el apoyo de las FA en seguridad resulte indispensable, se debe cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de que dicha participación sea extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.
14. Restablecer la autonomía de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.