A Mexican Post

Betzy Viridiana Rosales Toledo

El pasado mes de junio considerado como mes del orgullo para la comunidad LGBT+, además de traer consigo diversos tipos de actividades para la concientización de la diversidad sexual, y el respeto a sus derechos humanos, así como la exigencia hacia el Estado para que contemple los principios de Yogyakarta, que fueron desarrollados en respuesta a los patrones de abuso perpetrados contra millones de personas en todo el mundo debido a su orientación sexual o a su identidad de género real o percibida.

Los principios abordan:

• La violación y otras formas de violencia basadas en el género
• Las ejecuciones extrajudiciales
• La tortura y otras formas de tratos crueles, inhumanos y degradantes
• Los abusos médicos
• La represión de la libertad de expresión y de reunión;
• La discriminación en el trabajo, salud, educación, vivienda, acceso a la justicia e inmigración.,

Sin embargo, derivado de la no conformidad con el sistema dominante y heteropatriarcal sobre la orientación sexual, la identidad y expresión del género  aunado a ello la discriminación e intolerancia presentes en nuestra sociedad trajo consigo en el año 2021, vulneraciones hacia la vida e integridad de personas pertenecientes a la comunidad LGBT+, que, aunque no se encuentran tipificados como crímenes de odio, en los instrumentos internacionales y marcos jurídicos diversos al propio si son contemplados.

Este tipo de violencia es incentivada por los estereotipos de género, que parten de una construcción social de la percepción sobre los hombres y mujeres, lo que es masculino y lo que es femenino; por lo que al no encuadrar en este sistema se producen  violaciones no solo en los actos cometidos por un determinado sujeto si no también en las instituciones y marcos legales.

Existiendo así 3 tipos de violencia simbólica, estructural y directa la cual será el objeto principal para el presente artículo, la violencia directa es entendida  como aquel acto que produce una afectación física o psicológica en la víctima, dando como resultado atendiendo a los planteamientos anteriores los crímenes por homofobia .

En cuanto a estadísticas podemos encontrar las siguientes, que resultan alarmantes:

“Uno en Baja California; uno en Chiapas; dos en Chihuahua; uno en Coahuila; uno en CDMX; dos en Jalisco; dos en Estado de México; uno en Nayarit; uno en Puebla; uno en Quintana Roo; 12 en Morelos; cinco en Veracruz y uno más en Yucatán”, de acuerdo con datos del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT (http://www.fundacionarcoiris.org.mx/agresiones/panel).

Sin contar las desapariciones, agresiones físicas y verbales en las calles así como la restricción de servicios públicos; permiten observar el grado de persecución que este grupo vive día con día y que visibiliza la necesidad de sus miembros para la protección y garantía de sus derechos así como su bienestar e integridad personal.

Es por ello que urge que se incida e incentive en las políticas públicas, para que los tomadores de decisiones y los(as) representantes sociales trabajen en mejorar sus agendas de trabajo para garantizar de manera cabal los derechos de la comunidad LGBT+.